Mujeres rurales y programas de compras públicas en América Latina y Caribe
Este documento va a presentar la situación actual de participación de las mujeres como proveedoras en experiencias de compras públicas, tomando como base un estudio realizado por la FAO en el 2017 en cinco países de la región, abordando sus fortalezas, oportunidades y también las dificultades existentes. Finalizará con recomendaciones sobre cómo los países pueden facilitar la participación de las mujeres en dichos programas, ofreciendo una contribución para que puedan cumplir mejor con sus objetivos estratégicos, con el fin de acabar con el hambre y la malnutrición sin reforzar las desigualdades de género.
Las mujeres representan hoy casi la mitad de la población rural del continente, estimada en 129 millones de personas, la cual vive en campos, bosques, selvas y áreas próximas a los cursos de aguas. Son campesinas, indígenas y afrodescendientes, con distintas formas de vida y organizaciones sociales, que se dedican a actividades diversas en la agricultura, la ganadería, la recolección de productos de la selva, la pesca, y también a actividades no agrícolas que tienen lugar en el mundo rural. Las mujeres desempeñan labores en la producción y también en el cuidado de sus familias y enfrentan discriminaciones manifiestas o implícitas para acceder a recursos productivos claves como la tierra y los servicios. Es común que trabajen sin remuneración en las explotaciones familiares y se encuentran con mayor frecuencia que los hombres en empleos temporales, estacionales y/o trabajos mal remunerados. Como consecuencia de lo anteriormente descrito, el promedio del ingreso de las mujeres en el campo es un 40% menor que el de los varones. Las que no tienen ingresos propios dependen fuertemente del padre o marido, lo que les deja en una situación de extrema vulnerabilidad, incluso con relación a abusos y violencia. La inclusión de las mujeres rurales como beneficiarias de políticas públicas es una respuesta a los compromisos asumidos por los países y por los organismos internacionales en el sentido de disminuir la brecha de género que hoy existe, reconociendo sus derechos como ciudadanas. Los programas estatales de compra de alimentos pueden ser una oportunidad de inclusión económica productiva para estas mujeres, haciendo con que ellas tengan acceso individualmente a una remuneración adecuada, fruto del reconocimiento del trabajo que ya realizan. El aumento de ingresos y la garantía de la comercialización pueden ser factores de ayuda en su lucha para salir de la pobreza y mejorar su seguridad alimentaria y de sus familias.
